Bajo el lema ‘Contra la violencia sexual’, la Plataforma 7N contra las violencias machistas, junto a las asociaciones Andrea-Navarra, Fórum de Política Feminista y COMPI, han reunido el 26 y 27 de mayo en Pamplona a 60 activistas de Navarra, Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid, Valencia y País Vasco, después de haber participado el día 25 en la manifestación en Madrid y las concentraciones en otras ciudades, exigiendo el aumento en los Presupuestos del Estado 2017 de los recursos para la prevención y atención a todas las violencias machistas.

Durante las Jornadas, la Mesa General de Sanfermines ha preseleccionado para lanzar el chupinazo de este año a la madre de Nagore Laffage, asesinada en 2009, propuesta por las asociaciones Andrea y Lunes Lilas, entre las cuatro candidaturas que pasarán a votación popular entre el 5 y el 22 de junio. Al  día siguiente han sido asesinadas dos mujeres en Madrid y una en Murcia.

Desde la Marcha del 7N 2015 contra las violencias machistas las organizaciones feministas convocantes reivindican que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género incluya no sólo el ámbito de la pareja, sino las agresiones sexuales, el acoso laboral, la trata y todas las violencias machistas, conforme a las recomendaciones del Comité CEDAW (Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas) y al Convenio de Estambul, cuya aplicación por el Estado español en 2014-2017 será evaluada por el GREVIO en 2018, según el Cuestionario traducido colgado en https://plataforma7n.wordpress.com/

La Macroencuesta 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género reconoce que el 7,2% de las mujeres de 16 y más años residentes en España, 1.447.687 mujeres, han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja, de ellas 120.641 en el último año, el 40% violación y el 60% otras formas de violencia sexual. Pero según el Ministerio de Interior de 2009 a 2015 solo hubo 9.040 denuncias por violación (incluyendo solo las agresiones con penetración), unas 1.300 anuales, el 8,6% de menores de 13 años y el 19% de adolescentes de 14 a 17 años, y el 82% fueron violadas por conocidos. En el verano de 2016 ha aumentado la respuesta social, pero no la estatal, e incluso el Consejo del Poder Judicial reconoce que las agresiones sexuales son una asignatura pendiente.

Las participantes en las Jornadas piden a la Subcomisión del Congreso de Diputad@s, que debe presentar el 16 de junio de 2017 un ‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género’ una propuesta de mejora legislativa y de las políticas a la altura de la demanda popular, y de la persistente realidad de asesinadas que evidencia que lo realizado hasta ahora no es suficiente. Entre las mejoras ineludibles están el aumento de las partidas presupuestarias y la prevención y atención de la violencia sexual fuera de la pareja.

Las Jornadas se iniciaron con las intervenciones de Magdalena Hernández, del 7N Navarra; Mertxe Leránoz, Directora del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI); Laura Berro, Concejala de Igualdad y LGTBI de Pamplona, Tere Sáez, Presidenta de la Comisión de relaciones ciudadanas e institucional del Parlamento Foral Navarra y Maitena Monroy y varias alumnas del curso de Autodefensa feminista, como una de las estrategias para enfrentar la violencia sexista, apoyada por el INAI y en concordancia con las recomendaciones del Consejo de Europa. El segundo día se debatieron las ponencias de Penélope Suárez y Raquel Batista, sobre el servicio específico de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual en Canarias de 2007-2013, hoy eliminado;  Montse Vila, de Plataforma Unitària contra les Violènces de Gènere y Montse Pineda, de Creación Positiva, sobre el abordaje de las violencias sexuales en Cataluña, y Nines Fidalgo, de la Plataforma CEDAW Sombra Andalucía y Violencia 0 Málaga sobre Andalucía, así como las Propuestas a la Subcomisión de V.G del Congreso de los Diputad@s para aplicar el Convenio de Estambul y las reivindicaciones feministas respecto a las agresiones sexuales, de Yolanda Rodríguez, de Médicos del Mundo Navarra y Elena Laporta, de Plataforma 7N Madrid.

Es necesario modificar el  artículo 1 de la Ley 1/2004, para extender su protección a las víctimas de todas las formas de violencia de género abarcadas por el Convenio de Estambul, entre ellas las violencias sexuales fuera de la pareja, como ya han hecho, en el ámbito de sus competencias, varias leyes autonómicas. Con ello, y ampliando los presupuestos, debe incluirse en la prevención en el ámbito educativo, sanitario y de la publicidad y medios de comunicación, que ya establece el Título I de la Ley 1/2004, pero que no se está aplicando ni evaluando.

La efectividad del derecho subjetivo de todas las mujeres víctimas, o en riesgo de serlo (no, como hasta ahora, ‘hasta donde alcance el presupuesto’) a la información y a servicios públicos estables de atención social, sicológica y jurídica especializada, gratuita y de proximidad, recogido especialmente en el artículo 19 de la Ley, exige pasar de 5 a 120 millones de euros, a transferir por el Estado a las Corporaciones Locales para prestarlos con calidad y plantillas públicas estables, porque son la puerta de acceso a todo el sistema y un nudo de cooperación con los colegios, los centros de salud, la sociedad civil y los juzgados y fuerzas de seguridad, y porque puede atajar la violencia antes de que precise la intervención judicial y, cuando se precise, evitar que, como ahora, el 40% de las demandas judiciales sean sobreseídas alegando que la única prueba es la declaración de la víctima y cuestionando su validez.

En las Jornadas hemos debatido experiencias en Navarra, Cataluña, Canarias y Andalucía, de atención social, sicológica y jurídica a víctimas de violencia sexual con protocolos específicos. También han de especificarse los derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social (arts 21, 22 y 23) y ayudas sociales y de vivienda, que no son idénticos al ámbito singular de dependencia económica en la pareja.

La tutela por la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Observatorio y las unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que recoge el título III ha de extenderse a la violencia sexual, así como la Tutela Judicial, también con especificidades, por los Juzgados y la Fiscalía de Violencia contra la Mujer creados por el Título V.

Requiere un título nuevo la Tutela Penal con perspectiva de género frente a los “Delitos contra la libertad sexual” del Código Penal modificados en 1999 -agresiones sexuales, abusos sexuales, abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, y los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores- y la reforma de 2015 que introdujo la discriminación de género como agravante general (art. 22.4) y los nuevos delitos de matrimonio forzado (art. 172 bis), acoso insistente o stalking (art. 172. ter), sexting (art. 197.7) o difusión que menoscabe gravemente la intimidad de imágenes de una persona sin su consentimiento, y la esterilización forzosa (art. 156) y elevó a 16 años la edad mínima para consentir la relación sexual con un adulto, con elementos de inconcreción e inseguridad, e inercias en una jurisprudencia machista que legitima ideas como ‘la maté porque era mía’, ‘mi marido me pega lo normal’ y ‘ella se lo buscó’ si no muere demostrando su no consentimiento.

La Plataforma 7N ha acordado evaluar colectiva y públicamente, en la segunda quincena de junio, el Informe del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; difundir los estudios y ponencias aportados a las Jornadas[1]; contribuir activamente a la unidad de acción del movimiento feminista en la autodefensa durante las fiestas veraniegas en todo el Estado, la solidaridad bajo el lema ‘si tocan a una nos movemos todas’, no sólo ante agresiones tipificadas en el Código Penal, denunciadas y conocidas, como el importante juicio en 2017 de la violación colectiva en los sanfermines 2016, sino ante las de ‘baja intensidad’, como la denunciada hipersexuación de la reina infantil del Carnaval de Lanzarote o las campañas de feministas jóvenes ‘no seas presa de la talla 38’ o ‘no quiero tu piropo, quiero tu respeto’.

Descargar documento de conclusiones en el siguiente enlace: Conclusiones Pamplona 02.06.17