COMPI, muestra todo su apoyo a las mujeres víctimas de VIOLENCIA INSTITUCIONAL.

A mujeres como Sara B.B. de Extremadura, cuyo único delito ha sido defender a sus hijos de un maltratador y que cuando han solicitado el amparo judicial se han visto castigadas por la propia Institución con la pena mas grave que se puede hacer a una madre, consistente en la retirada de la guarda y custodia de sus hijos.

A mujeres como las tres de Infancia libre Patricia G., Ana Mª y Maria S. Sin olvidar el caso de Juana Rivas, que se encuentra hoy en peligro de cumplir pena de cárcel por el “delito” de defender a sus hijos de un padre condenado por violencia de género, tras un cúmulo de errores e injusticias en los juzgados españoles e italianos.

Son el ejemplo y la punta del iceberg de una violencia Institucional que produce en las victimas efectos devastadores de los que difícilmente se pueden recuperar, no solo ellas, sino sus hijos a los que se le arrebata la infancia y se les priva de la figura de apego y el referente más importante que un menor puede tener.

Crecer los menores sin esta figura, y con la semilla del odio, produce un desequilibrio emocional que aboca al fracaso escolar, sentimientos autolíticos, incapacidad de tener una relación afectiva sana y un largo etc.

No podemos olvidar que los hijos que viven en un clima de violencia, la aprenden y la reproducen en el futuro, en un porcentaje muy significativo.

El Estado es responsable de velar por la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas y consecuentemente, darles protección. Sin duda la Justicia es la herramienta más idónea para dar seguridad y protección. Si esta Institución hace dejación de sus funciones incurre en responsabilidad punible. No podemos olvidar que la ONU ya ha condenado a España por violencia Institucional en el caso de Angela González Carreño, al dar protección a un maltratador y establecerle un derecho de visitas al padre, que utilizó para asesinar a la niña. Sin embargo, los jueces que cometen estas injusticias siguen ejerciéndolas sin que nadie les exija responsabilidades. A so le llamamos impunidad.

El caso de Sara es un caso paradigmático de presunta violencia Institucional. La guarda y custodia de sus hijos la tiene el padre en virtud de una resolución judicial de medidas provisionales, que su finalidad es otorgar unas medidas, de poquísima duración, en tanto se tramita el pleito principal. Han tenido que pasar 2 años para que se celebre el juicio. El 27 de este mes se celebrará. Este sería el primer incumplimiento grave de la justicia.

En este largo periodo ya han sucedido innumerables circunstancias determinantes, que hacer prever el resultado del mismo. Entre otras que ha sido condenada a 4 años de prisión y perdida de la Patria Potestad por secuestro de sus hijos, que no cometió, los niños han tenido la influencia del padre y el nulo contacto con su madre y esta circunstancia, nos consta, hace una mella en los hijos al crecer con la única versión manipulada del padre.

La justicia no puede examinar este caso a la luz de lo ya acontecido, que ha hecho que dos Juezas sean expedientadas por el Consejo del Poder Judicial por fundamentar sus decisiones en argumentos medievales. (En palabras del Consejo)

Es imprescindible que la valoración de los hechos tenga perspectiva de género, esté realizada por profesionales especializados en derecho de familia y formación en violencia contra las mujeres y den una resolución justa, atendiendo al interés más digno de protección que son los hijos. Rectificar es de sabios y hacer seguidismos de lo ya acontecido representará, una vez más un gravísimo fallo del sistema, que evidenciaría su incapacidad y una pérdida de confianza en la justicia, no solo para Sara, también para infinidad de mujeres que se encuentran en situaciones semejantes.

Que evidenciaría su incapacidad y una pérdida de confianza en la justicia, no solo para Sara, sino tambié para infinidad de mujeres que se encuentran en situaciones semejantes.